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Sin estrategia real contra el contrabando

La SAT estima que el contrabando aduanero le cuesta al Estado Q2 millardos anuales. Analistas señalan la ausencia de una política integral para combatir el flagelo.

Por: Louisa Reynolds

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Para Jorge Lewis, ex presidente de la Junta Directiva de la Portuaria Santo Tomás de Castilla, urge implementar controles de rayos X en todas las aduanas para verificar el contenido de todos los cargamentos, ya que sólo la de Puerto Barrios cuenta con este recurso.

En el resto de las aduanas se realizan “inspecciones no intrusivas”, es decir que sólo se revisan los contenedores sospechosos.

“Un problema es que hay gente interesada en que no se lleve a cabo la revisión con rayos X y otro son los intereses de poderosas compañías que quieren proveer el servicio a un precio que sacaría del mercado a importadores y exportadores”.

Esto último se evidenció en el caso de la empresa mexicana Bodegas Fiscales de Carga (Bofica), a la cual se le otorgó un contrato aprobado por el ex presidente Alfonso Portillo el último día de su gobierno.

Pero en 2006, la entonces superintendente de Administración Tributaria, Carolina Roca, solicitó que fuera declarado lesivo para el Estado ya que Bofica cobraría US$98 por la revisión de cada contenedor cuando el precio promedio a nivel mundial es US$15.

En 2008, se retomaron las negociaciones entre Bofica y el gobierno de Álvaro Colom en las que la empresa presentó contrapropuestas al contrato declarado lesivo 2 años antes.

El entonces ministro de Economía, Rómulo Caballeros, fue sindicado de ejercer presión en el Ejecutivo para que se llegara a un acuerdo con Bofica, empresa en la cual había ocupado un cargo.

Estuardo Villatoro, viceministro de Transporte, aclaró que actualmente Bofica no le presta el servicio de rayos X a ninguna de las portuarias del país.

Villatoro agregó que en el caso de la Portuaria Quetzal, otra empresa ganó un contrato para la provisión del servicio de rayos X. Sin embargo, la Cámara de Comercio y otras gremiales manifestaron que los términos del contrato no estaban claros y el contrato nunca se adjudicó. Actualmente, la portuaria estudia la posibilidad de crear su propia empresa para proveer el servicio.  

El Viceministro señala que urge regularizar la inspección de los contenedores en todas las portuarias, ya que las autoridades estadounidenses son cada vez más exigentes sobre este punto.

Lanchas hechizas que cruzan el río Suchiate cargadas de gasolina y otros bienes transportados ilegalmente desde México –el “contrabando hormiga”– y los llamados “furgones happy hour” –la práctica de ingresar dos vehículos en la aduana con un solo registro– son dos de las aristas más comunes del contrabando.

A diferencia del primer tipo, que se realiza por los 97 puntos ciegos de las fronteras del país, el segundo es más sofisticado y sólo puede ocurrir con la connivencia de funcionarios aduaneros, lo cual implica la presencia de estructuras delictivas enquistadas en el aparato estatal.

Según cálculos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), las diversas formas de contrabando privan al fisco de unos Q2 millardos anuales, cifra que equivale al 6 por ciento de la recaudación total de 2009 y al 20 por ciento de los impuestos recaudados en aduanas (IVA y DAI).

“Se obtiene de nuestros socios comerciales las cifras reportadas como exportaciones a Guatemala, luego se determina el valor de las importaciones reportadas de cada uno de esos países ingresadas a Guatemala y, por diferencia, se establece el contrabando técnico”, explica Raúl Díaz Monroy, intendente de Aduanas.

Al analizar el monto anual de la recaudación fiscal aduanera el hoyo que representa el contrabando no es siempre evidente ya que las cifras se ven distorsionadas por otros factores, como el alza de precio de las materias primas o la crisis económica global, explica Maynor Cabrera, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Cifras de la SAT señalan que en 2008, año en que se disparó el precio mundial del petróleo, los ingresos tributarios sobre comercio exterior ascendieron a Q13.5 millardos, un ligero aumento respecto a los Q13.1 millardos percibidos en 2007.

Entre enero y noviembre de 2009, la cifra bajó a Q10.7 millardos, pero fue un año en que la crisis se reflejó en una caída de los ingresos tributarios de todos los países de la región.

Grupos paralelos

“Hay redes delincuenciales insertadas en las aduanas que sirvieron para combatir la contrainsurgencia durante el conflicto armado y no se desmantelaron”, explica Cabrera.

Las actividades de La Cofradía, una especie de fraternidad interna del Ejército, ha sido ampliamente documentada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y otras organizaciones.

Entre los principales integrantes de este grupo de militares de línea dura se encuentran el general (retirado) Francisco Ortega Menaldo, ex miembro de la inteligencia militar y ex jefe del Estado Mayor Presidencial y Manuel Callejas y Callejas, ex director de Aduanas, quienes controlaban el flujo de armas hacia los grupos insurgentes y estaban vinculados a la delincuencia común y la corrupción administrativa durante el régimen de Romeo Lucas García.

Otros grupos sindicados de dirigir operaciones de contrabandos y fraude fiscal son La Red Moreno, encabezada por el salvadoreño Alfredo Moreno Molina, y el Grupo Salvavidas.

Cabrera explica la creación de la SAT a finales de 1997 y en años recientes la digitalización de los trámites aduaneros como parte del proceso de integración regional ha reducido el contrabando, pero no lo ha eliminado y el flagelo ha persistido hasta el Gobierno actual. “No ha existido continuidad con los superintendentes y la SAT no ha sido fortalecida en los últimos años”, señala.

Según Cabrera, la lucha contra el contrabando ha tenido avances y retrocesos. Bajo la administración de Álvaro Arzú se desarticularon algunos grupos delincuenciales, pero se les volvió a dar cabida durante la administración de Alfonso Portillo (Ortega Menaldo fue presuntamente asesor de Portillo).

Bajo la gestión de Óscar Berger, con Carolina Roca al mando de la SAT, “se intentó hacer una depuración”, pero estos esfuerzos no continuaron bajo el Gobierno actual.

Avances y retrocesos

Un ex funcionario de la SAT que pidió reserva de su nombre afirma que en el transcurso de esta administración “se despidió a personal altamente capacitado” (cerca de 102 funcionarios) y ex funcionarios que habían sido despedidos, mucho de ellos, bajo sospecha de participar en actividades ilícitas, regresaron. “A muchos los pusieron ahí por deuda política y no saben nada”, afirma.

Sin embargo, Díaz Monroy defiende su gestión, exponiendo que desde 2009 se ha conformado la Comisión Interinstitucional Contra el Contrabando –integrada por la SAT, el MP, el Ministerio de la Defensa y la PNC– la cual ha realizado 10 operativos en carreteras, un operativo “de alto impacto” en el río Suchiate y 52 allanamientos a establecimientos comerciales.

Pero Cabrera señala que estos esfuerzos se enfocan en el “contrabando hormiga” más que en el desmantelamiento de las estructuras criminales que operan en las aduanas, ya que su modo de operar es más sofisticado y se requiere una mayor labor de investigación para combatirla.

Jorge Lewis, ex presidente de la Junta Directiva de la Portuaria Santo Tomás de Castilla, hace notar que combatir el contrabando no compete únicamente al Gobierno. “El crimen organizado tiene sus tentáculos en todas las esferas. No es un tema de Gobierno, es un tema de Estado que se debe combatir con un esfuerzo de los sectores público y privado”.

Cabrera coincide con Lewis y señala que el sector privado “usa el contrabando como bandera diciendo que el Gobierno no debería de subir los impuestos sino cobrar lo que se pierde, pero no ha presentado ninguna denuncia ni ha excluido de las gremiales a los importadores involucrados en actividades ilícitas”.

La no aprobación del paquete fiscal también ha dejado engavetadas algunas modificaciones al Código Aduanero que cubrían algunos vacíos legales. Entre otras cosas, se identifican las facultades de la SAT en las zonas portuarias; se faculta a la SAT para que establezca y publique el listado de productos considerados de alto riesgo de sustracción de manera que el importador esté obligado a nacionalizarlos en la frontera; y se tipifican infracciones aduaneras y sus sanciones.

Sin estrategia contra el contrabando

El Acuerdo Gubernativo 662-2005 Reglamento de Organización de la PNC, publicado el 9 de diciembre de 2005, creó la División de Fiscal y Fronteras (DFF), dentro de la estructura de la Subdirección General de Unidades Especialistas para la investigación y perseguir el contrabando, la defraudación fiscal y aduanera y el lavado de dinero.

Sin embargo, la unidad nunca llegó a crearse y la División de Puertos y Aeropuertos (Dipa) permaneció a cargo de la investigación de delitos tributarios. Luego, el 2 de abril de 2009 se publicó un nuevo Acuerdo Gubernativo que suprimió la DFF y convirtió la Dipa en la Sección de Puertos y Aeropuertos de la División de Análisis e Información Antinarcótica (DAIA).

De acuerdo con Cabrera, estos cambios evidencian la ausencia de una estrategia integral para combatir el contrabando.

Además, señala que uno de los principales problemas de la Sección de Puertos y Aeropuertos es que la persecución de delitos aduaneros es sólo una de sus tareas y carece de recursos adecuados.

También se baraja la posibilidad de crear una Comisión Presidencial Contra el Contrabando, encargada de coordinar el trabajo de todas las instancias relacionadas con el tema, incluyendo la SAT, la PNC, el MP y el sector privado.

Según la fuente de la SAT, este ente “podría ser efectivo si tiene el suficiente poder legal y político para que todas las instituciones amparadas bajo la comisión sigan sus lineamientos”. 

No obstante, a Cabrera no le convence la idea. “Son esfuerzos aislados que pueden sonar interesantes, pero no tienen ninguna dirección”, afirma.

Contraloría General investigará a ex subdirector de Fonapaz

Los señalamientos afloraron ayer en contra de Elder Martínez  quien fue trasladado al Consejo de Cohesión Social Urbano.

Por: Claudia Palma

 “Nos gastamos nuestros ahorros, casi todo lo que teníamos. No sabíamos cómo funcionaban las cosas hasta que empezamos a trabajar con Fonapaz. Nos exigieron hacer pagos en efectivo para liberarnos los cheques de pago. Adentro de las mismas oficinas hay un banco para cambiar el efectivo”. Son las palabras de la copropietaria de una pequeña constructora que ha obtenido algunos contratos con el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz). 
“Ojalá podamos tener evidencia del pago de comisiones en Fonapaz o en cualquier otra institución. Pero investigaremos los procedimientos y los actores responsables. Si Martínez está dentro del esquema administrativo estará sujeto a investigación”, dijo el contralor general de Cuentas, Carlos Mencos.

Sin embargo, para el director de esa institución, Jairo Flores, señalamientos como estos provienen de “dueños de ONG molestos” porque les fueron retirados los contratos. Fuentes del Congreso aseguran que el cobro de estas comisiones motivó el traslado de Elder Martínez –hasta el miércoles el segundo de abordo en el Fondo– al Consejo de Cohesión Urbano. Señalamientos que Flores rechaza en contra de quien asumió como Subsecretario de Coordinación Ejecutiva, cuando él lo hizo como Secretario en enero de 2009. Anteriormente Martínez, ingeniero de profesión, había sido interventor de Fegua.

No son las únicas denuncias en contra de Fonapaz. En una conversación telefónica con Mencos confirmó que la institución a su cargo sigue la investigación de tres denuncias: la primera es la solicitud de una auditoría general que Flores asegura haber solicitado. Pero a la que el jefe de la Contraloría se refiere es la de un denunciante anónimo que señala anomalías en varios de los proyectos. La segunda es por el cobro entre el 3 y el 5 por ciento del sueldo a los empleados. Las restantes piden indagar a las ONG Coprodesgua y Adefaco.

“Todos los que denuncian es porque vieron afectado un gran negocio…es normal que los constructores estén inconformes y que traten de desacreditarnos”, insiste Flores. “Cualquiera que haga una acusación de este tipo debe acudir al Ministerio Público”.
Acerca de los descuentos al salario de los empleados, Flores devolvió la llamada por segunda vez para explicar que a finales de julio giró una nota a la oficina de Recursos Humanos en la que aclaraba que en caso de existir cualquier cobro hecho por su antecesor Obdulio Solórzano “se notificará que no había ninguna obligatoriedad”. Se trató de hablar con Martínez pero no contestó las llamadas.

“¡Nada qué ver!”

Otras versiones apuntan a que la salida de Martínez obedece a una pugna por el control de la Metropolitana del partido oficial que domina Roberto Alejos o la Secretaría departamental a cargo de Christian Boussinot.
“¡Nada qué ver! Yo tengo tres meses de no hablar con el Presidente”, dijo Boussinot. Alejos también rechazó  esta versión.

Emplazan al Ejecutivo a presentar readecuación del Presupuesto

La demanda fue realizada ayer en el marco de la mesa de alto nivel que se instaló después de la firma de una declaración conjunta  de Álvaro Colom, Roberto Alejos, secretarios de partidos y jefes de bloque.

 Claudia Palma

Con la firma de una declaración conjunta del Presidente, Vicepresidente, la Junta Directiva del Congreso, los secretarios de partidos y jefes de bloque quedó instalada una mesa de alto nivel que acordó, como una medida emergente, que el Ejecutivo envíe la readecuación presupuestaria al Organismo Legislativo en 15 días.
El Ministerio de Finanzas deberá entregar a la Comisión de Finanzas el proyecto de readecuación. El acuerdo que firmó la mesa de alto nivel –que se reunirá nuevamente en una semana– establece como prioridades la fiscalización, la transparencia en los actos públicos, la calidad del gasto y la priorización de este.

La diputada Roxanna Bal-detti, del Partido Patriota (PP), insistió en que “vamos a apoyar siempre y cuando haya transparencia y haya estudio de la calidad del gasto que ha estado ausente en los dos últimos años”. 
A la cita acudieron secretarios y jefes de bloque de todos los partidos con excepción de Lider. 
El presidente del Congreso, Roberto Alejos, dijo que se comprometieron a presentar un listado de iniciativas de ley de temáticas que estén relacionadas con las de las mesas: gobernabilidad, seguridad y justicia, desarrollo social, reactivación económica y la fiscal. El asunto fiscal no se abordó en la reunión, y en su programa radial Álvaro Colom reconoció que es uno de los más difíciles en las mesas de diálogo. Colom habló de la necesidad de recursos para atender demandas de comunas, maestros, médicos y campesinos. Reiteró que no se retirarán del diálogo aun cuando se solicite que la reforma fiscal quede fuera.

Cacif afina propuesta

Javier Zepeda , director Ejecutivo de la Cámara de Industria, explica que preparan una revisión al presupuesto que podría rondar los Q43 millardos.  Aunque no  objetan de manera significativa los montos asignados a temas como educación y salud, si se privilegia el aumento a los rubros de infraestructura y de proyectos de inversión.
Son 4 los puntos en los que el sector privado quiere concentrarse. El combate a la evasión, que podría generar ingresos por Q 3 millardos; la reducción de la tasa lider, la ratificación del Convenio 175 de la OIT y la aprobación de las alianzas público privadas.

Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito empantanada en el Congreso

La iniciativa busca  tipificar y sancionar a funcionarios por tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones.

Por: Leslie Paz

La Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito, que tiene dictamen favorable en el Congreso desde el 17 de noviembre de 2008 por la Comisión de Legislación, está integrada por 3 iniciativas que tienen como objetivo tipificar los delitos cometidos por funcionarios o empleados en contra de la Administración Pública, siendo estos enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones.
Las sanciones establecidas en la ley van de 5 a 10 años de prisión y las multas oscilan entre Q50 mil y Q500 mil, dependiendo del delito cometido.
Los ponentes de la iniciativa utilizan como base los datos del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial del Organismo Judicial (Cenadoj), en donde se indica que de 2005 a 2007 se han emitido sólo 94 sentencias condenatorias por los delitos de cohecho pasivo, peculado, malversación, concusión y fraude.
En la actualidad, la ley se encuentra incluida dentro de la agenda de la mesa de seguridad y justicia instalada en el Congreso, sin embargo, el poco avance que se ha tenido en el tema ha impedido su traslado al pleno.

Reacciones

Los bloques parlamentarios se pronuncian a favor de la aprobación de dicha ley y coinciden en que el retraso de la misma se debe a la falta de consensos, problemas en la agenda y falta de voluntad política.

Rubén Mejía, Bancada Guatemala
“Nuestra bancada ha pedido que se agende y se empiece a conocer para trasparentar las actividades económicas del país, lo que falta es voluntad política”.

Leonel Soto Arango, UCN
“Creemos que es una de las leyes que va a permitir transparentar más la gestión pública”.

Jaime Martínez Lohaiza, Gran Alianza Nacional (Gana)
“Es importante porque vamos a contrarrestar la corrupción y vamos a dar con quiénes son los que hacen las barbaridades en el país”.

Walter Félix, URNG-Maíz
“Dicha iniciativa sería de gran utilidad para erradicar negocios ilícitos y la impunidad fiscal”.

NinethMontenegro, Encuentro por Guatemala
“La ley es indispensable para saber con cuánto patrimonio inicia una persona su gestión pública y con cuánto termina”.

Víctor Manuel Gutiérrez Longo, UNE
“Es fundamental la transparencia. El enriquecimiento ilícito en Guatemala sólo ha originado daño”.

Gobierno afectado por presiones de sectores y falta de recursos

Campesinos, maestros, empresarios, políticos, telefónicas, todos quieren sentarse a la mesa de diálogo y que sus solicitudes sean escuchadas.

Por: C.Palma/L. Paz

En medio de la precariedad de recursos y la falta de acuerdos, diferentes sectores han empezado a presionar por más fondos.
Los maestros, que amenazan con convertirse en otro foco de presión para el Gobierno, demandan más de Q400 millones para el pago de un reajuste salarial de 143 mil maestros, indicó Eduardo Herrera, dirigente de la Asamblea Nacional Magisterial. Ayer, tras una reunión, se acordó la instalación de una comisión de alto nivel.  Estará integrada por Catalina Soberanis, los ministros de Educación, Finanzas y el Secretario para la Paz y servirá para analizar, entre otros puntos, el cumplimiento del Pacto Colectivo.
Mientras, campesinos pidieron ayer ser incluidos en el diálogo y suman nuevas demandas de tierra.

El Iso
>Los acuerdos con la clase política de aumentar medio punto porcentual el Impuesto de Solidaridad, anteriormente consensuado, tambalean porque todavía no hay suficientes votos en el hemiciclo. 
Impuesto a la telefonía
>Después de haber avanzado en la negociación de un bono de solidaridad por casi Q800 millones con las telefónicas, la cantidad parece haberse estancado en Q460 millones. El secretario de Comunicación Social, Ronaldo Robles, se limita a decir que “las negociaciones no han terminado” en el caso de las telefónicas. Una de las molestias que habrían manifestado las compañías es su desacuerdo en que sea fiscalizado el tráfico de minutos propuesto por el Ejecutivo.

La anuencia al diálogo nacional –convocado por el Gobierno– por parte de la oposición y el sector privado está en juego, debido a que ambos han condicionado su participación en el Diálogo Nacional a retirar por completo el paquete fiscal de la agenda legislativa. Dicha iniciativa incluye un aumento al Impuesto de Solidaridad, crea un gravamen al servicio de telefonía celular y cambios en el Impuesto sobre la Renta.

Hoy el Cacif irá nuevamente a la mesa del pacto fiscal. De acuerdo con el empresario Jorge Montenegro, primero se solicitó una “revisión” del presupuesto, antes de discutir el déficit y sus fuentes de financiamiento. 
 Además, se sentarán con la petición de retirar la reforma fiscal, algo a lo que el Presidente en repetidas ocasiones se ha negado. Durante las negociaciones, los empresarios pidieron una “fiscalización mixta” de los ministerios de Comunicaciones, Salud, Educación, Fonapaz y de los programas de Mi Familia Progresa. Una solicitud a la que hasta ahora el Gobierno no accedió.

Javier Zepeda, presidente de la Cámara de la Industria, indica que desde el principio se acordó empezar con la “mesa limpia”, es decir, no incluir el tema de la reforma fiscal, y esperan que esto se cumpla.
El diputado del Partido Patriota (PP), Fredy Viana, señala que mañana durante la reunión que mantendrá Álvaro Colom con los partidos políticos, la oposición reiterará su petición sobre el paquete fiscal, y de no obtener una respuesta positiva, su presencia en las mesas impulsadas por el Ejecutivo se verá afectada.

Añade: “Dependiendo de la respuesta, el comité ejecutivo del partido pondrá una fecha límite para asistir a las reuniones”. 
La bancada Líder, se une a la solicitud del PP, así lo afirma Roberto Villate. Según el legislador, ellos continuarán participando en las mesas pero en el momento que se retome el tema del paquete fiscal, no dudarán en retirarse.
El presidente del Congreso, Roberto Alejos, prefirió no ahondar en el tema y esperará a conocer la propuesta concreta que realizará la bancada de oposición. “Por supuesto que hay que poner fechas límites para algunos temas, pero la decisión de retirar el paquete fiscal del Congreso es sólo del Ejecutivo”, dijo.

 El Gobierno también espera en esta reunión trazar una hoja de ruta que permita acelerar la aprobación de bonos y préstamos.   A decir de una fuente que pidió no ser citada, una de las razones por las que el Ministerio de Finanzas, todavía no envía la readecuación al Congreso, es porque se pretende en último caso negociar la autorización de bonos y préstamos y el pago de lo adeudado a la cartera de Comunicaciones –en donde se encuentran buena parte de las obras de los legisladores–.